RC 787

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía llevar a cabo una investigación abarcadora acerca de las funciones, deberes y obligaciones que realiza el Negociado de Energía de Puerto Rico, a fin de examinar si está en cumplimiento con la política pública que la estableció y con sus deberes ministeriales al amparo del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico y de la Ley Núm. 211-2018; evaluar la participación del Negociado en el Procedimiento de Revisión de Tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica y si ambas instrumentalidades públicas están en cumplimiento con lo dispuesto en la Sección 6A de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico” que establece el procedimiento para la revisión de tarifas de energía permanentes o provisionales; las estipulaciones del contrato de la empresa LUMA Energy referentes a la solicitud de dichos aumentos tarifarios y la posible modificación de cualquier acuerdo a esos fines; estudiar la necesidad y conveniencia de enmendar, derogar o presentar legislación a los fines de subsanar, corregir, mejorar o crear un nuevo procedimiento para la revisión de tarifas permanentes y provisionales, para que el mismo responda a una tarifa más justa, equitativa y razonable para los consumidores; ampliar los alcances de estas disposiciones para que den una mayor participación de los usuarios, pequeñas y medianas empresas, el interés público y a la Asamblea Legislativa que permita el cumplimiento de la política pública energética del país a la vez que se defiende al ciudadano de los embates de la especulación y el lucro descontrolado producto de los constantes aumentos a la tarifa de energía; y para otros fines relacionados.