PC 225

Para enmendar los artículos 4 y 9, y añadir un nuevo Artículo 9-A, en la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, a los fines de ampliar la gama de derechos que le asisten a los veteranos, en aras de promover y facilitar el desarrollo socioeconómico de esta importante población, ordenándole a la Administración de Servicios Generales a revisar la reglamentación vigente sobre adquisiciones de bienes y servicios para las agencias del Gobierno de Puerto Rico, con el propósito de que se reserven al menos un tres por ciento (3%) de dichas adquisiciones para bienes y servicios prestados por empresas operadas por veteranos que hayan servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos; y ordenándole al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico a establecer un programa especializado para atender las necesidades de financiamiento y de asesoría financiera para veteranos, el cual sirva como incentivo para la organización de nuevos negocios a ser desarrollados por el grupo antes mencionado; enmendar los artículos 37 y 81 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, y los artículo 3 y 17 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico”, con la intención de atemperar estas dos últimas leyes con la presente; aumentar las penalidades por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 203, antes citada; crear un Fondo Especial bajo la responsabilidad del Procurador del Veterano, el cual podrá ser utilizado para facilitar la prestación de servicios a la población que atiende; proveer para la promulgación de aquellos reglamentos, reglas, cartas circulares o determinaciones administrativas que sean necesarias para hacer efectivas los objetivos de esta Ley; disponer para el diseño, la planificación, coordinación, promoción y divulgación de campañas masivas de educación, orientación y concienciación con el fin de dar a conocer esta legislación y las penalidades que acarrean su incumplimiento; ordenar la rendición de cuentas sobre la implantación de esta Ley, a través de la redacción y entrega de informes anuales; y para otros fines relacionados.