PC 208

Para enmendar el Artículo 66 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de incluir como circunstancia agravante a la pena, cuando el delito es cometido contra el ejercicio del cargo público y contra los fondos públicos, durante una declaración de estado de emergencia o desastre, debidamente decretado por el Gobernador de Puerto Rico o por el Presidente de los Estados Unidos de América; enmendar el Artículo 3.4 de la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, con el propósito de establecer que cuando una persona, natural o jurídica, haya sido convicta por infringir los artículos 4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental”, o por violentar alguno de los delitos graves contra el ejercicio del cargo público o contra los fondos públicos de los contenidos en los artículos 250 al 266 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, o cualquiera de los delitos tipificados en este Código o por cualquier otro delito grave que involucre el mal uso de los fondos o propiedad pública, incluyendo sin limitarse a, los delitos contenidos en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, durante una declaración de estado de emergencia o desastre, debidamente decretado por el Gobernador de Puerto Rico o por el Presidente de los Estados Unidos de América, quedará inhabilitada de contratar o licitar con cualquier agencia ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico permanentemente; enmendar la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los efectos de atemperar la misma con la presente Ley; y para otros fines relacionados.