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Para crear la “Ley para un Retiro Digno”, a los fines de establecer y uniformar una política pública enérgica y vigorosa de cero recortes a las pensiones de los(as) participantes de los sistemas de retiro y las personas jubiladas del servicio público de Puerto Rico; crear el andamiaje jurídico necesario para el eventual establecimiento de un Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro que asegure el pago de pensiones de servidores(as) públicos(as); disponer la política pública que guiará las conversaciones y representaciones del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, instrumentalidades y agentes en cualquier proceso de reestructuración, ajuste, mediación o negociación de las acreencias contra los sistemas de retiro, sus participantes y pensionados(as); proponer un modelo para la constitución y el trato de diferentes clases de acreedores(as) en un Plan de Ajuste de Deuda que se conforme a esta política pública; enmendar los Artículos 2, 3, 5 y 9 de la Ley 2-2017, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico”, enmendar el Artículo 1-104 y añadir un nuevo Artículo 1-111 a la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, enmendar el Artículo 1.1 y añadir un nuevo Artículo 2.6 a la Ley 160-2013, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y añadir un nuevo Artículo 1-A y enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, según enmendada, conocida como “Ley de Retiro de la Judicatura”, para atemperarlas a la política pública establecida en esta Ley; enmendar los Artículos 1.4 y 1.7 de la Ley 106-2017, según enmendada, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”; enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, para crear una herramienta judicial para el cumplimiento de esta política pública; y para otros fines relacionados.