RCC 603

Para ordenar a todos los jefes de agencias de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico que a raíz del Boletín Administrativo Núm. 2020-01 que declara un estado de emergencia a consecuencia de la actividad sísmica experimentada recientemente que se establezcan periodos de moratoria o dispensas, sobre cualquier pago, planilla o informe requerido, ya sea por razón de licencia, patente, impuesto o cargos por servicios esenciales establecidos por cualquier agencia por motivo de una operación comercial o industrial, para todo aquel negocio ubicado dentro de la zona geográfica afectada por los eventos telúricos ocurridos desde el pasado mes de diciembre del 2019; para establecer que para cualificar para estos beneficios dicho negocio deberá haber sufrido daños estructurales por los eventos cubiertos dentro de la Declaración de Emergencia que le han impedido continuar con su operación comercial diaria o que el mismo este impedido de continuar con su operación comercial diaria por motivo de falta de clientes que utilicen los bienes o servicios que ofrece dicho negocio, industria o comercio, con el fin de lograr establecer un alivio por un periodo de tiempo específico que permita al sector comercial afectado comenzar a recuperarse para volver a operar con normalidad y devolver nuevamente la actividad económica que existía en dicha región previo a los eventos naturales acontecidos; requerir a las agencias que, a no más tardar de cinco (5) días a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta, notifiquen al Secretario de Estado las moratorias o dispensas que serán establecidas y los periodos de tiempo que incluirán las mismas; establecer que el Secretario de Estado remitirá, a no más tardar diez (10) días de recibidas las órdenes administrativas o cartas circulares requeridas en la Sección 4 de esta Resolución Conjunta por parte de las agencias, un informe al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, por medio de sus Secretarías, sobre las moratorias y dispensas otorgadas por las agencias; con el fin de poder analizar las mismas y determinar si se hace necesario la intervención de la Asamblea Legislativa mediante legislación para modificar o establecer alguna moratoria o dispensa específica; establecer periodo de vigencia y para otros fines.