PS 975

Para enmendar las Reglas 240 y 241 de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas mediante la Ley Núm. 281 del 27 de diciembre de 2011, a los fines de eliminar el carácter jurisdiccional del término de tres (3) días estatuido para la presentación de la moción de paralización, el impedimento para que el tribunal motu proprio pueda ordenar el referido a evaluación cuando tenga base razonable para este proceder y el requisito de presentar evidencia independiente que establezca mediante preponderancia de prueba que el imputado o acusado está mentalmente incapacitado; atemperarlas a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Dionisio Santiago Torres, 154 DPR 291 (2001); establecer que las medidas de seguridad impuestas por el Tribunal no podrán exceder el límite máximo de la pena establecida para el delito imputado; y para otros fines.