“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al “Reglamento de Facultades y Deberes de las Oficinas Regionales Educativas (ORE)” presentado el 21 de junio de 2024 por el Departamento de Educación, de conformidad con las facultades conferidas a esta Rama por el inciso (g) del Artículo 1.02 de la Ley 85-2018, según enmendada, denominada “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”; y para establecer otras disposiciones complementarias.”
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 175, que ordena a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción y a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal realizar una investigación para determinar cuál ha sido en los últimos diez años el costo para el erario y el efecto del uso problemático de sustancias, y para que establezca una comparación con los costos que representaría la adopción de un acercamiento salubrista al problema basado en la descriminalización del uso problemático de sustancias, la reducción de daños, el tratamiento y la rehabilitación de las personas con uso problemático de sustancias en Puerto Rico.
Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 598, que ordena a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el cumplimiento con la política pública establecida por la Ley 227-1999, según enmendada, conocida como “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio”; al igual que los protocolos y manejos de casos de suicidio de menores y adultos mayores y la prevención de los mismos ante los hechos recientes de suicidios en la población.
Para atender el estado de emergencia energético provocado por la privatización del servicio de generación y distribución de energía eléctrica; crear el “Comité Especial para la Recuperación del Sistema Energético del Pueblo de Puerto Rico” mediante el cual se gestione, de manera participativa, el diseño de un nuevo proyecto que rescate la producción energética como un servicio público, con una transición adecuada a la producción de energía renovable, bajo la conciencia de que el acceso a la energía es un derecho humano; y para establecer otras disposiciones complementarias.
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