Para reafirmar la adhesión y el apoyo de la Honorable Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la vigencia y aplicación rigurosa a la Sección 7 del Articulo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que prohíbe la pena de muerte.
Para asignar a varias entidades del Gobierno de Puerto Rico y distribuir la cantidad de dos mil millones de dólares ($2,000,000,000) de la Reserva para el pago de servicio de la deuda a los fines de financiar a un sector no cubierto por la primera fase del Plan Estratégico para Reactivar Nuestra Economía, Apoyar a Nuestros Comerciantes y Proteger a Nuestros Trabajadores dispuesto en la Resolución Conjunta 23-2020 en respuesta a la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19; autorizar al Director Ejecutivo de la Autoridad de Auditoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) en conjunto al Secretario del Departamento de Hacienda liberar dos mil millones de dólares (2,000,000,000) de la reserva pignorada para el pago del servicio de la deuda para implementar las Secciones 1, 3, 4 y 5 de esta Resolución Conjunta; ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a tomar aquellas medidas necesarias para eximir a los transeúntes del cobro en las plazas de peaje de las autopistas durante el tiempo que se extienda la emergencia; ordenar al Secretario del Departamento de la Familia, en coordinación con el Secretario del Departamento de Agricultura, para que establezcan las guías para implementar el concepto “servi-carro” en las carreteras con los agricultores debidamente autorizados a participar de los mercados agrícolas o familiares en los municipios de Puerto Rico durante la vigencia de la emergencia; así como ordenar al Jefe de la Guardia Nacional, en colaboración con el Departamento de Salud, a realizar servicios de cernimiento compulsorios del COVID-19, a todos los pasajeros que lleguen al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín; y para otros fines relacionados.
Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, así como a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, identificar dentro del presupuesto fiscal asignado, los fondos necesarios que garantice el cumplimiento con los planes de recuperación y protección de los acuíferos del sur. Además, se ordena a ambas agencias públicas a realizar mediante esfuerzo y recursos combinados los estudios, investigaciones y laboratorios necesarios que permitan confirmar la existencia de instrucción salina que afecta la calidad del agua, limita y ponen en riesgo el acceso a agua potable. Conjuntamente se ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, realizar un estudio que permita identificar el impacto presupuestario y operacional que conllevaría la perdida de sus pozos y su posible impacto en la población de clientes de la corporación. Este estudio deberá incorporar posibles acciones que la corporación anticipe implementar para garantizar el acceso a agua potable por parte de población. Además, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, deberá preparar un informe sobre la cantidad de pozo privados que ilegalmente son utilizados para la extracción de agua dentro de las limitaciones geográficas de los acuíferos del sur y que afectan los programas de conservación y control de agua extraída. Los estudios solicitados a ambas agencias deberán ser presentados a la Legislatura en un periodo de seis meses luego de aprobada esta resolución.
Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en relación con el fracaso del evento electoral de primarias 2020 llevadas a cabo el 9 de agosto de 2020; conocer las verdaderas razones que llevaron a su fracaso; determinar las implicaciones que tuvo la recién aprobada Ley 58 – 2020, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico de 2020”, con lo acontecido, determinar las responsabilidades y recomendaciones para evitar que vuelva a ocurrir en las elecciones generales; para otros fines relacionados.
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